La demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue admitida tras la exigencia y el sustento jurídico de colectivas feministas y Abortistas Mx.El recurso legal señala que las omisiones del Congreso Local y del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas vulneran derechos humanos fundamentales.TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.— En un paso decisivo hacia la armonización jurídica y la garantía de la salud pública, colectivas feministas organizadas en la Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas y la organización nacional especializada Abortistas Mx informaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó de manera oficial una demanda de Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).El recurso legal controvierte de forma directa las disposiciones restrictivas vigentes en el Código Penal del Estado y señala la responsabilidad institucional tanto del Honorable Congreso del Estado de Chiapas como del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en su carácter de autoridades encargadas de legislar, promulgar y mantener normas que criminalizan la autonomía reproductiva.Fundamentos jurídicos del estudio de fondo:La intervención de la CNDH se consolidó tras atender el análisis técnico presentado por las organizaciones civiles de base, determinando que la legislación local vigente transgrede gravemente compromisos constitucionales e internacionales al vulnerar:El derecho a la autonomía, libertad reproductiva y libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar.Los derechos fundamentales a la salud, dignidad humana, igualdad de género y privacidad.El principio de igualdad y no discriminación, así como la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos sin regresividades.Estatus y ruta del proceso legal:Tras concluir el estudio técnico, la CNDH formalizó la presentación del escrito de demanda de Acción de Inconstitucionalidad. Con este acto jurídico, el caso se encuentra formalmente bajo la jurisdicción del máximo tribunal del país, el cual deberá evaluar la constitucionalidad de las leyes chiapanecas siguiendo el precedente histórico establecido por la propia Suprema Corte en favor del derecho a decidir.Las organizaciones promoventes recalcaron que esta acción legal representa un esfuerzo colectivo y de territorio para terminar con la persecución penal y los entornos de salud inseguros en la entidad. Anunciaron que mantendrán una campaña activa de información para acompañar el proceso judicial y exigir que el Poder Legislativo local asuma su responsabilidad de proteger los derechos de la población femenina e indígena del estado de Chiapas.
